Bienestar y tutela de los menores

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En marzo pasado tuvo lugar en el Centro Mariápolis Alegría, en Tocancipá, el primer Encuentro de Formadores, promovido por el Movimiento de los Focolares, orientado a todos aquellos que tienen responsabilidades en la formación o acompañamiento de las nuevas generaciones, bien sea como padres de familia, maestros, psicólogos, animadores, sacerdotes, religiosos, etc.

Uno de los momentos previstos durante el encuentro fue destinado a revisar los aspectos legales del bienestar y tutela de las niñas, niños y adolescentes. Sin duda, es un tema vasto, fuerte y sensible, pero no por ello candidato a ser dejado en el olvido o para asumir cuando “haya tiempo”. Veamos.

 COMISIÓN PONTIFICIA PARA LA PROTECCIÓN DE MENORES

A nivel mundial, sin distinción de clase, religión, cultura, educación o raza, los casos de abuso sexual en contra de menores de edad se presentan diariamente.  Cuando un delito de esta naturaleza es cometido por un miembro de la Iglesia, cobra mayor gravedad, pues no solamente atenta contra la dignidad de los más vulnerables, sino que profana en extremo la misión del ministerio sacerdotal o de quienes son garantes de custodiar y acompañar en su camino a los menores de edad, empezando por la familia y los educadores.

La Iglesia ha sido rigurosa en su esfuerzo por prevenir, tratar y acompañar los dolorosos y condenables casos de abuso sexual cometidos en contra de niños, adolescentes y adultos vulnerables.  Juan Pablo II inició con la promulgación de normas canónicas para tratar y juzgar estos graves delitos y su sucesor, Benedicto XVI, dispuso atacar sin contemplación cualquier caso que se conociera. El Papa Francisco, desde el inicio de su período, abordó este fenómeno y ordenó la creación de una comisión de expertos para la protección de los menores y adultos vulnerables. Esta idea fue propuesta en el año 2013, en el Consejo de Cardenales de todo el mundo y el 21 de abril de 2015 se dio la aprobaciónoficial de sus estatutos.

Actualmente la Comisiónla integran 17 expertos, incluido Mons. Luis Manuel Alí Herrera, de Colombia. La Comisión tiene como prioridad curar y tratar a las víctimas o sobrevivientes y sus familias, dictar directrices en las Iglesias locales para garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables, fomentar la educación de los líderes y comunidades eclesiásticas, acrecentar la formación de clérigos y religiosos en la protección de los menores, profundizar en la teología y la espiritualidad y conocer y aplicar las leyes canónicas y civiles que regulan la protección de los menores.

Con esta Comisión la iglesia y en particular el Papa Francisco, han concretado la preocupación por proteger a todos los niños, jóvenes y adultos vulnerables de posibles daños. Se caracteriza por su diversidad cultural, por incluir hombres y mujeres expertos y también víctimas de abusos sexuales que “ofrecerán su sabiduría y experiencia a la Comisión, reflejando el abrazo global de la Iglesia y el desafío de crear estructuras de protección en diferentes contextos culturales”. (Cardenal O’Malley, 2018)

El Movimiento de los Focolares creó también, desde 2013, la Comisión Central para la Promoción del Bienestar y la Protección de los Niños y Adolescentes, compuesta por un equipo internacional e interdisciplinario de expertos, que se ha dedicado con gran atención a acompañar y formular normas y líneas de comportamiento que todo adulto responsable debe adoptar para garantizar el bienestar de los niños y adolescentes que le son confiados.

PAPEL DE LAS INSTITUCIONES Y/O RESPONSABLES, AL ADVERTIR LA COMISIÓN DE POSIBLES CONDUCTAS PUNIBLES EN CONTRA DE MENORES

 Es importante saber que, dependiendo del hecho irregular, se puede generar responsabilidad penal y es obligaciónde los ciudadanos y de las instituciones, efectuar las denuncias correspondientes sobre hechos irregulares.

Algunas de las conductas sancionadas penalmente en nuestro ordenamiento jurídico, relacionadas con los delitos sexuales son: Acceso carnal violento y abusivo, actos sexuales con menor de catorce años, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, explotación sexual (proxenetismo con menor de edad, inducción a la prostitución), acoso sexual, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de edad (pornografía con menores,  turismo sexual, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores). Todos estos tipos penales, por el hecho de ser cometidos en contra de menores de edad, cuentan con agravantes que amplifican severamente la pena a imponer.

De especial relevancia también es la OMISIÓN DE DENUNCIA, conducta igualmente punible, en la que incurre “quien, por razón de su cargo, oficio, o actividad, tuviere conocimiento de la utilización de menores para la realización de cualquiera de las conductas previstas en el anterior capítulo….y omitiere informar a las autoridades administrativas o judiciales, teniendo el deber legal de hacerlo…incurrirá en multa….”

Los responsables de niños y adolescentes, por esa sola condición, tienen una postura de garante frente a ellos que puede derivar en consecuencias patrimoniales y/o penales.  Ello no quiere decir, bajo ningún aspecto, que entonces debemos evitar cumplir esta vital misión. Por el contrario.  Lo que sí debemos es formarnos constantemente en el conocimiento de las normas, en la prevención y en la organización responsable y planificada de cualquier actividad que se realice y que involucre a menores de edad.

 ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LA PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES

 Contar con un número mínimo de adultos según las características de la actividad.

  • Comunicar dentro de un término prudencial a los padres de familia y/o acudientes la información correspondiente a la salida escolar.
  • Verificar que los padres y/o acudientes autoricenpor los medios documentales correspondientes la participación en la actividad.
  • Verificar las afiliaciones de los menores al sistema de seguridad social.
  • Tomar las pólizas de seguros que amparen los riesgos que pudieran ocasionarse.
  • Velar por la idoneidad de los proveedores de servicios de transporte, hospedaje y demás que se contraten.

Por Juan Carlos Cárdenas C.
Abogado

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