Justicia para la paz

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FOTO: JAVIER CASELLA/MINDEFENSA

En las conversaciones de Paz en la Habana, en el tema relacionado con las víctimas y la justicia, se acordó un sistema integral, conformado por cuatro conceptos fundamentales, que no han sido suficientemente comprendidos, Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Este sistema integral está compuesto por distintos mecanismos judiciales y extrajudiciales. Todos tendientes a lograr la transición del conflicto armado a la paz.

En todo conflicto armado se cometen graves abusos a los Derechos Humanos. El Estado está obligado, conforme el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a perseguir, investigar, juzgar y sancionar.

Sin embargo, la aplicación absoluta de estos mecanismos puede obstaculizar el logro de la paz por lo que se hace necesario encontrar un equilibrio entre la justicia y la reconciliación que en la transición se alcanza con tratamientos judiciales excepcionales.

En Colombia se acordó que mediante acto legislativo se crearía la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, conformar una norma de competencia del Congreso de la República para adicionar esta jurisdicción en los textos de la Constitución Política de Colombia. Este acto se cumplió mediante la introducción de un artículo transitorio a la Constitución Política, acto legislativo No 1 de este año 2017, creando la Jurisdicción Especial para la Paz.

Esta Jurisdicción Especial ejerce funciones judiciales de manera autónoma y es la competente para juzgar las conductas graves en contra del Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones a los Derechos Humanos, aclarándose que sólo podrá conocer de las conductas cometidas antes de su entrada en vigor.

Sobre este tema surgieron preocupaciones; una en especial relacionada con la situación de los civiles que pudieran ser juzgados por esta jurisdicción, sobre este punto el Segundo Acuerdo, conocido como del Teatro Colón, delimitó la competencia de la JEP diciendo: “son delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió”

En el nuevo acuerdo también se precisaron otros puntos tales como: Corroborar las declaraciones de los testigos mediante otros medios de prueba, así como abrir investigaciones por denuncias falsas o falsos testigos. Los magistrados de las salas elaborarán las normas que regirán los procedimientos. La JEP no funcionara indefinidamente quedando delimitado a diez años, cinco para concluir su actividad, plazo este último que de ser necesario podrá prorrogarse para concluir su actividad.

Los civiles que se encuentren en la situación de tener procesos o condenas por delitos de competencia de la JEP, que quieran presentarse voluntariamente a esta Jurisdicción Especial, podrán hacerlo en los tres años siguientes a la puesta en marcha, siempre y cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos.

Otro de los puntos que generó dificultad fue el relacionado con los agentes del Estado. Los militares se oponían a la Jurisdicción Especial para la Paz, manifestando que no podrían ser tratados igual que los insurgentes que combatieron. El nuevo acuerdo retomó el tema reconociendo que el Estado ejerce de manera legítima el monopolio de las armas así como la garantía de derechos, y por lo tanto la aplicación de la justicia a los delitos cometidos por estos, relacionados con el conflicto armado y con ocasión de este se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado y simétrico.

Otra pregunta que ha generado preocupación y crítica es la relacionada con el narcotráfico y la conexidad con los delitos políticos, el tema no fue claramente resuelto. Se consideró que para decidir sobre la conexidad se tendría en cuenta los criterios expresados en la jurisprudencia penal colombiana con aplicación del principio de favorabilidad.

Dentro del acuerdo quedó determinado el criterio para definir cuándo se presenta la conexidad, entendiéndose por ésta la relación existente entre diferentes sujetos que concurran a la realización de un delito o la relación existente entre diferentes delitos. Conexidad que debe ser declarada por el Fiscal o por el Juez trátese de la etapa de investigación o al momento de la acusación, cumpliendo con las condiciones previstas en la ley procesal penal colombiana (Art 51 del C.PP).

Referente a la amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, en el acuerdo quedó establecido que serán reconocidos como delitos políticos amnistiables los que se hayan cometido con ocasión del conflicto armado, que no se trate de conductas ilícitas cometidas con ánimo de lucro personal, en beneficio propio o de un tercero.

Otro de los aspectos considerados en el segundo acuerdo, fue el de definir que los Magistrados de la JEP serán todos colombianos, permitiéndose la elección de cuatro juristas extranjeros que podrán emitir conceptos Amicus Curiae, es decir amigos del tribunal, en su calidad de terceros ajenos al litigio, que ofrecen su opinión frente a algún punto de derecho a un asunto relacionado. Quedó igualmente explícito que la integración del Tribunal debe ser equitativo entre hombres y mujeres.

Quizás el punto más neurálgico del Acuerdo de Paz es la justicia. Este depende de la flexibilidad con que la sociedad colombiana quiera juzgar y castigar a los responsables de décadas de violencia tanto de los grupos armados como de los civiles y los agentes del Estado. El debate no ha sido fácil, ha despertado miedos y ha destapado heridas. Muchos de estos temores se reflejaron en los argumentos con que la mayoría de colombianos votaron No, en el plebiscito para refrendar la paz.

En la discusión cotidiana ha hecho carrera la idea de que la justicia transicional puede implicar una buena dosis de impunidad. Quienes la defienden piensan todo lo contrario. Aseguran que si Colombia implementa este modelo, excepcional para situaciones igualmente excepcionales, podría llegar a alcanzar mayores dosis de justicia de lo que la guerra le ha permitido.

Muchas de las propuestas de los voceros del No se anidaban en esa preocupación de impunidad. También en la posibilidad de que bajo la Jurisdicción Especial para la Paz se terminara en un escenario en el que la guerrilla tendría más beneficios que los militares y empresarios, algunos de los cuales cometieron crímenes pero otros simplemente excesos en contextos de intimidación y amenazas.

El nuevo acuerdo disipa por un lado algunas de las dudas y por el otro, muchas de las inconformidades que manifestaron los voceros del No. Su columna vertebral sigue siendo la verdad. Y su finalidad se mantiene en buscar una justicia restaurativa y retributiva que pueda resarcir en algo el inmenso daño y sufrimiento que vivieron las millones de víctimas de la violencia.

Retomando los cuatro principios nucleares que rigen la Jurisdicción Especial para la Paz, el primero y fundamental es el de verdad. La persona que comparece ante el tribunal de Paz, sabe que se obliga a responder con la verdad, es decir, a reconocer sus delitos y a obrar con justica -segundo principio- es decir solidarizándose con las víctimas que resultaron afectadas con su conducta, comprometiéndose a reparar el daño -tercer principio- de esta forma se constituye en garantía de verificación de la verdad expresada, en esto consiste el procedimiento restaurativo. Decir la verdad, reconocer el daño, proceder a repararlo, para de esta forma garantizar la no repetición.

La labor de los Magistrados designados, no es otra, que la de obrar en consonancia, estos jueces deben cumplir con fidelidad el cargo, cuya síntesis de su tarea es, hacer valer y realizar, en medio de la observación del pueblo colombiano, el valor de la justicia, pueblo que espera que obren con rectitud, y ejerzan la virtud de la prudencia, estrictos, fieles al encargo que le ha encomendado la comunidad. Su misión es de tan alta responsabilidad que conlleva consolidar la paz en Colombia. El Sedaqah (justicia) considerado como el valor supremo de la vida, justicia que se consigue y descansa cuando se consigue el orden.

Los distintos comentarios que se hacen a nivel de interés político para demeritar esta Justicia, no le dan el estatus que le corresponde, sino más bien denota un temor a la verdad, verdad que desde Aristóteles es la naturaleza de la justicia, es decir sin verdad no hay justicia y los jueces deben saber evidenciarla y verificarla. Luego de ese acto de reconocimiento de las conductas delictivas, el reo se compadece de la víctima y decide repararla, no es un simple procedimiento formal, es un acto significativo de arrepentimiento y acercamiento real entre la víctima y el victimario, no es una actuación del juez armado de martillo, es una justica real, que promueve al bien, rectifica y restaura. Por esto a veces, sorprenden actitudes de arrogancia de algunos de estos implicados y causantes de tanta violencia y dolor, de izquierda y derecha, en Colombia, el juez no puede permitir estas formas de obrar al comparecer a las audiencias de paz, pues significaría darle la razón a quienes hablan de impunidad. El Juez de la Jurisdicción de paz debe garantizar que se actuará con el sentido de la responsabilidad y con absoluto respeto de la relación entre el causante del daño y la víctima, de lo contrario faltaría de forma grave a la dignidad de la justicia.

Temor a la verdad significa, temor a quitar el velo (aletheia) a algo que no desea que se sepa; es necesario que se sepa el secreto oculto de cada cosa, a fin de poder discernir de parte del juez lo que en justicia corresponde y a la víctima su derecho a conocer lo ocurrido.

Antes de emitir desvalores infundados, es nuestro deber contribuir a la reconciliación de un pueblo, primero entre nosotros como corresponsables indolentes ante el dolor causado durante tantos años principalmente a los marginados y a los desvalidos; ser capaces de restablecer el equilibrio social y buscar la concordia, respetando las opiniones distintas evitando contraponer posiciones que separen. Unir más que separar. Dar testimonio.

Una consideración de elemental comprensión, es permitir que la Jurisdicción Especial para la Paz inicie sus actuaciones y no adelantar juicios viciados, faltando a la ética y a la valoración de las personas que fueron seleccionadas para cumplir con este mandato.

Miguel de Jesús Niño Sandoval

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